Opinión: La Justicia al servicio de grupos mediáticos
Por Luis Gramuglia
Dos jueces --uno de ellos denunciado por haber recibido presuntas "dádivas" de empresas del Grupo Clarín-- fallaron en favor del mismo prorrogando la cautelar que, desde hace más de 3 años, impide la plena aplicación de la ley de medios audiovisuales. Incluso, lo hicieron desoyendo el pronunciamiento, en sentido contrario, de la Corte Suprema de mayo pasado.
Son los mismos jueces --María Najurieta y el cuestionado Fernando de las Carreras-- que convalidaron en 2010 esa cautelar que había dictado el ex juez Edmundo Carbone también a favor del multimedio.
Una trama que involucra a miembros del poder Judicial al servicio de un poderoso grupo empresario.
Mientras tanto, la oposición política festejó aquel fallo, pero no puso énfasis en reclamar que se aplique la ley. Se puso del lado del presuntamente más "débil".
Dirigentes de ese sector se reunieron con periodistas "independientes" y directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa para, con tono dramático, afirmar que la libertad de expresión prácticamente ha llegado a su fin en la Argentina y que esa ley lo único que pretende es crear un perverso monopolio estatal.
La SIP, cual guardia pretoriana, se hizo eco de esa demanda, pese a que sus miembros son titulares de medios gráficos y no tienen ninguna injerencia en el espectro audiovisual. Pero no importa. Uno de sus más calificados integrantes, Clarín, la llamó para que venga a ver "in situ" como esa libertad está siendo conculcada.
Nadie puede decir o escribir nada que moleste al gobierno. Esos periodistas sólo se limitan a leer comunicados oficiales o resaltar los logros del oficialismo. Todos deben saludar el ingreso de la presidenta cuando llega a la Casa de Gobierno y estar atentos a cualquier acto que Cristina Fernández protagonice.
No pueden hacer críticas, ni injuriarla, ni atacarla no solo a ella. Esta restricción incluye a todos los funcionarios independientemente de su rango.
Uno tiene que comprender la situación de esos pobres comunicadores, sometidos a semejante humillación.
Esta pequeña ironía por cierto, no se compadece con la realidad. La libertad de expresión en la Argentina es IRRESTRICTA, ABSOLUTA. Nadie puede afirmar, con honestidad, que no puede escribir o decir lo que le plazca aún convirtiendo al periodismo que ejercen en una verdadera cloaca, haciendo de la actividad un escarnio.
Fue el Grupo Clarín el que quiso que fueran presos periodistas y funcionarios por "incitación a la violencia" y "coacción agravada". Tuvo que retirar la demanda a los primeros por la fuerte reacción social, pero la mantiene para los representantes del gobierno que deberán cuidarse con lo que dicen so pena de que se les aplique el Código Penal y vayan a la cárcel.
Estamos en una instancia definitoria en donde se juega mucho más que un pretendido conflicto entre ese grupo mafioso y el gobierno nacional y popular. Se trata de que todos, aún los más poderosos, cumplan con la ley votada con todas las garantías que ofrece la democracia.
Detrás del argumento de que la libertad de expresión está en entredicho, el grupo pretende mantener su situación de privilegio a partir de esa construcción monopólica heredada de tiempos de la dictadura cívico militar y del menemismo.
Ese privilegio fue el que le permitió embestir contra gobiernos democráticos, pero ser dócil con las dictaduras a las que sirvió con lealtad y patriotismo. Allí están las ediciones en las que ocultaban los crímenes de los represores, daban informaciones falsas, ocultaban otras, manipulaban las noticias todo al servicio del Terrorismo de Estado.
La dictadura compensó a Clarín, La Nación y La Razón con la entrega de Papel Prensa que les permitió controlar su producción y entrega a tal punto que muchos medios gráficos del interior desaparecieron y otros debieron reducir la cantidad de páginas para no sucumbir.
Esta fue una de las expresiones más contundentes del accionar mafioso del grupo que hoy quiere erigirse en defensor de aquella libertad y de la democracia que supone en riesgo.
Cuenta con el favor de nichos conservadores de la Justicia, con el apòyo de organizaciones del exterior vinculadas a derechas reaccionarias (lo de la SIP es una muestra cabal) y de corporaciones económicas con un poder nada despreciable.
Esto es lo que tiene que enfrentar este gobierno. Parece una batalla desigual, pero no lo es, porque, en definitiva, los logros que se han ido obteniendo hasta ahora fueron producto de una dura confrontación con esos poderes fácticos, que detestan a gobiernos que califican de "populistas" con ese desprecio típico de las minorías que descreen del voto popular.
Pero hasta aquí hemos llegado y lo conseguido no nos será arrebatado. Las leyes y medidas inclusivas son una construcción colectiva. La ley de medios es una prueba cabal de esa participación y no serán jueces corruptos los que impedirán su plena aplicación.
La Corte Suprema deberá asumir su rol institucional y dejar de producir fallos que tienen doble interpretación. Por una vez sus integrantes digan lo que tienen que decir con absoluta claridad, para que todos entendamos y no queden resquicios por donde esos grupos ejecutan sus perversos designios.
Dos jueces --uno de ellos denunciado por haber recibido presuntas "dádivas" de empresas del Grupo Clarín-- fallaron en favor del mismo prorrogando la cautelar que, desde hace más de 3 años, impide la plena aplicación de la ley de medios audiovisuales. Incluso, lo hicieron desoyendo el pronunciamiento, en sentido contrario, de la Corte Suprema de mayo pasado.
Son los mismos jueces --María Najurieta y el cuestionado Fernando de las Carreras-- que convalidaron en 2010 esa cautelar que había dictado el ex juez Edmundo Carbone también a favor del multimedio.
Una trama que involucra a miembros del poder Judicial al servicio de un poderoso grupo empresario.
Mientras tanto, la oposición política festejó aquel fallo, pero no puso énfasis en reclamar que se aplique la ley. Se puso del lado del presuntamente más "débil".
Dirigentes de ese sector se reunieron con periodistas "independientes" y directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa para, con tono dramático, afirmar que la libertad de expresión prácticamente ha llegado a su fin en la Argentina y que esa ley lo único que pretende es crear un perverso monopolio estatal.
La SIP, cual guardia pretoriana, se hizo eco de esa demanda, pese a que sus miembros son titulares de medios gráficos y no tienen ninguna injerencia en el espectro audiovisual. Pero no importa. Uno de sus más calificados integrantes, Clarín, la llamó para que venga a ver "in situ" como esa libertad está siendo conculcada.
Nadie puede decir o escribir nada que moleste al gobierno. Esos periodistas sólo se limitan a leer comunicados oficiales o resaltar los logros del oficialismo. Todos deben saludar el ingreso de la presidenta cuando llega a la Casa de Gobierno y estar atentos a cualquier acto que Cristina Fernández protagonice.
No pueden hacer críticas, ni injuriarla, ni atacarla no solo a ella. Esta restricción incluye a todos los funcionarios independientemente de su rango.
Uno tiene que comprender la situación de esos pobres comunicadores, sometidos a semejante humillación.
Esta pequeña ironía por cierto, no se compadece con la realidad. La libertad de expresión en la Argentina es IRRESTRICTA, ABSOLUTA. Nadie puede afirmar, con honestidad, que no puede escribir o decir lo que le plazca aún convirtiendo al periodismo que ejercen en una verdadera cloaca, haciendo de la actividad un escarnio.
Fue el Grupo Clarín el que quiso que fueran presos periodistas y funcionarios por "incitación a la violencia" y "coacción agravada". Tuvo que retirar la demanda a los primeros por la fuerte reacción social, pero la mantiene para los representantes del gobierno que deberán cuidarse con lo que dicen so pena de que se les aplique el Código Penal y vayan a la cárcel.
Estamos en una instancia definitoria en donde se juega mucho más que un pretendido conflicto entre ese grupo mafioso y el gobierno nacional y popular. Se trata de que todos, aún los más poderosos, cumplan con la ley votada con todas las garantías que ofrece la democracia.
Detrás del argumento de que la libertad de expresión está en entredicho, el grupo pretende mantener su situación de privilegio a partir de esa construcción monopólica heredada de tiempos de la dictadura cívico militar y del menemismo.
Ese privilegio fue el que le permitió embestir contra gobiernos democráticos, pero ser dócil con las dictaduras a las que sirvió con lealtad y patriotismo. Allí están las ediciones en las que ocultaban los crímenes de los represores, daban informaciones falsas, ocultaban otras, manipulaban las noticias todo al servicio del Terrorismo de Estado.
La dictadura compensó a Clarín, La Nación y La Razón con la entrega de Papel Prensa que les permitió controlar su producción y entrega a tal punto que muchos medios gráficos del interior desaparecieron y otros debieron reducir la cantidad de páginas para no sucumbir.
Esta fue una de las expresiones más contundentes del accionar mafioso del grupo que hoy quiere erigirse en defensor de aquella libertad y de la democracia que supone en riesgo.
Cuenta con el favor de nichos conservadores de la Justicia, con el apòyo de organizaciones del exterior vinculadas a derechas reaccionarias (lo de la SIP es una muestra cabal) y de corporaciones económicas con un poder nada despreciable.
Esto es lo que tiene que enfrentar este gobierno. Parece una batalla desigual, pero no lo es, porque, en definitiva, los logros que se han ido obteniendo hasta ahora fueron producto de una dura confrontación con esos poderes fácticos, que detestan a gobiernos que califican de "populistas" con ese desprecio típico de las minorías que descreen del voto popular.
Pero hasta aquí hemos llegado y lo conseguido no nos será arrebatado. Las leyes y medidas inclusivas son una construcción colectiva. La ley de medios es una prueba cabal de esa participación y no serán jueces corruptos los que impedirán su plena aplicación.
La Corte Suprema deberá asumir su rol institucional y dejar de producir fallos que tienen doble interpretación. Por una vez sus integrantes digan lo que tienen que decir con absoluta claridad, para que todos entendamos y no queden resquicios por donde esos grupos ejecutan sus perversos designios.
