Opinión: La cuestión bonaerense. Por el Dr. Damián Itoiz


En el año 1988 se sancionó la Ley 23.548 de coparticipación federal estableciéndose en ella, para la provincia de Buenos Aires, un coeficiente de distribución de los ingresos que lo fijaba en un 22% del total nacional. Esto generó una caída de 6 puntos del porcentaje anterior que era del 28%, por lo que colocaba a la Provincia de Buenos Aires en un esquema de desigualdad de acuerdo a las características particulares de ésta con el resto de las provincias.
 A raíz de esta disminución y en compensación a ello, se creó en 1992 el Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, que significaba asignarle a ésta el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias.
En el año 1995 y en virtud de que lo recaudado por ese tributo comenzaba a ser significativo en términos monetarios, se estableció un tope de $ 650 millones para la Provincia de Buenos Aires modificando el tope porcentual original que había sido establecido en el 10%.  La diferencia entre los seiscientos cincuenta millones y el 10% establecido primariamente se destinó a repartir entre el resto de las provincias de acuerdo a los coeficientes que establecía el régimen de coparticipación federal.
A partir del año 2003 y vinculado al crecimiento de la economía y la inflación, esa diferencia entre el 10% de ganancias y  los seiscientos cincuenta millones  tuvo un crecimiento exorbitante reduciendo lo recibido por la Provincia de Bs. As. a un 6% de lo recaudado por el Fondo del Conurbano, con lo que se empezó a generar de esta forma un desequilibrio injustificado entre lo girado al resto de las 23 provincias y lo transferido a la nuestra.
El castigo que implica hoy hacia nuestra Provincia la limitación de la transferencia del Fondo del Conurbano Bonaerense y el desigual régimen de coparticipación federal es y será la cuestión bonaerense a resolver por quien quiera administrarla con posibilidades de volverla operativa financieramente y dejar de administrarla en déficit.
En el año 2012 se estimó que la Provincia de Buenos Aires cerró el ejercicio con un déficit superior a los 20 mil millones de pesos y que en ese déficit, la perdida que sufrieron los municipios en transferencias directas, superaría los 1200 millones de pesos.  De acuerdo a ello podemos concluir que de haberse producido una actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, simplemente con la eliminación del tope de los 650 millones de pesos y volviendo al viejo límite del 10%  de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, la provincia estaría hoy muy cerca de poder resolver su déficit estructural y de recuperar también el nivel de transferencias directas para los municipios.
Por eso, es absolutamente necesario que las autoridades políticas de la Provincia de Buenos Aires y los representantes de los partidos políticos de la oposición, en el ámbito de la provincia, se pongan de acuerdo y celebren un pacto estratégico en donde se aborden estos temas que hacen al problema central del financiamiento provincial, como una verdadera cuestión de defensa del federalismo y la autonomía.
Es bueno ver hoy que el gobernador de la provincia, aunque mal y tarde, a través del jefe de gabinete de ministros, formalice el planteo de la rediscusión de las transferencias económicas de la Nación a la Provincia; es muy malo saber que lo hace por una necesidad estrictamente vinculada a la interna política del kirchnerismo,  pero en buena hora se le da visibilidad a este problema que es el problema medular de la Provincia.
Será difícil poder llevar adelante una efectiva modificación de la ley de coparticipación federal, esta requiere no solamente del acompañamiento de los senadores y diputados nacionales de todas las provincias, sino además la aprobación de todas las legislaturas provinciales, titánica tarea que en la coyuntura política actual suena a utópica cruzada.
Pero sí se podría, si todos los partidos políticos que quieran representar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires se ponen de acuerdo en ello, presionar al Estado Nacional, al menos para conseguir la eliminación del tope de 650 millones del fondo del conurbano bonaerense. Hecho, sin dudas, que de lograrse, aliviaría la economía provincial independizándola del yugo del poder central y restableciendo la autonomía financiera para la planificación estratégica de nuestra superpoblada provincia.
Sin esta independencia financiera no habrá libertad política, sin libertad política no habrá soberanía y sin soberanía no podrá haber democracia.
Datos tomados del estudio realizado por la Senadora Provincial Malena Baro para el tratamiento del proyecto de presupuesto provincial.

Dr. Damián Itoiz
Presidente Grupo Junín S.A.
Ex secretario General y de Seguridad y ex secretario de Gobierno municipal

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