Violencia e inseguridad: La situación de Junín dividió las aguas en la Legislatura provincial
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de solicitud de informes –elaborado por Rocío Giaccone (FpV) y acompañada por “La Cámpora”- en el que se le pidió al gobierno de Daniel Scioli que explique distintos aspectos relacionados con la “situación de violencia e inseguridad que se vive en la localidad de Junín”.
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| Roció Giaccone |
La iniciativa de la legisladora provincial del FpV Rocío Giaccone fue acompañada por sus compañeros de bancada -todos de la agrupación La Cámpora- José Ottavis, Fernanda Raverta, Miguel Funes y Alberto España y surgió tras los homicidios de la kiosquera Karen Campos y de la docente jubilada Olga Aída Acedo, ocurridos días atrás.
Según las fuentes, la iniciativa busca conocer detalles de las políticas de seguridad instrumentadas por el Ejecutivo.
Entre otras cuestiones, en el texto se le pregunta al Ministerio de Justicia y Seguridad cuáles fueron las “medidas de prevención instrumentadas en Junín desde diciembre de 2007 a la fecha” y “qué cantidad de efectivos policiales prestaron servicios allí entre 2008 y 2013”.
Además se pretende conocer “los reclamos planteados y documentados del intendente de Junín desde 2007”; “qué cantidad de móviles policiales patrullan la ciudad entre 2010 y 2013” y cuál es el mapa del delito confeccionado por parte del Ejecutivo en los últimos tres años.
También se interroga sobre la cantidad de móviles que prestan servicio con desperfectos mecánicos, qué presupuesto ejecutado invirtió la Provincia a tales fines y pregunta “qué cambió entre el 9 de marzo, fecha del asesinato de Karen Campos, y el 15 de marzo, fecha en que ocurrió el crimen de Olga Aída Acedo”.
Es que el 16 de marzo, el ministro Ricardo Casal decidió desplazar al comisario mayor Walter Pelle de la Jefatura Departamental Junín y al comisario mayor Marcelo Ariguel de la Jefatura Distrital.
Lo que se quiere saber
El proyecto busca indagar si Asuntos Internos posee sumarios realizados a policías de Junín; si se investiga la represión policial de los días 9 y 10 de marzo; el monto de dinero transferido al Municipio para la compra de cámaras de seguridad y cuántas se adquirieron; y por qué existen móviles policiales nuevos, sin rodar por la ciudad.
Por último, la iniciativa pide que se detalle el contenido de la denuncia judicial efectuada por Casal al “haber podido corroborar que el caos estuvo planificado”, como él indicó.
En los fundamentos se explica que estos hechos de inseguridad “fueron una consecuencia del crecimiento de los índices de inseguridad que sufre esa zona de la Provincia, en la que se han producido más de 10 homicidios dolosos en el pasado año y que motivaron la llamada de atención en 2010 de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia”.
Se subraya que “la responsabilidad de trazar y direccionar las políticas de Seguridad en Junín corresponde de manera indelegable al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Justicia y Seguridad”.
Y además se asegura que “el pueblo a través de sus representantes tiene derecho a conocer las particularidades de estos episodios sin tergiversaciones que buscan desvirtuar los hechos ciertos acontecidos”.
Polémica en el Senado
Por su parte, en la otra cámara de la Legislatura provincial, uUn proyecto de resolución para manifestar “repudio” a los hechos de violencia acontecidos luego del asesinato de la joven Karen Campos de 17 años y de Olga Macedo ocurridos en la ciudad de Junín generó ayer en el Senado una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición. En el medio de esa polémica, desde el Frente para la Victoria se llegó incluso a pedir la renuncia del intendente radical de ese distrito, Mario Meoni.
La controversia en el Senado nació a partir de un proyecto que presentó la radical Malena Baro, alfil en la Legislatura del intendente Meoni, que repudió los crímenes de la adolescente y de una maestra jubilada, ocurrida días después, y los hechos de violencia producidos durante el reclamo de justicia por la adolescente.
Baro se quejó por la falta de respuestas del Gobierno nacional a los pedidos de Meoni, al sostener que “resulta alarmante la ausencia del poder nacional cuando ya las fuerzas de la provincia se encontraban en Junín”. Tras señalar que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, no respondió el pedido de refuerzos cursado por el intendente porque “no era jurisdicción de la Gendarmería”, Baro destacó el accionar del Gobierno bonaerense pero aseguró que para Nación, “parecería que los ciudadanos de Junín no somos argentinos”.
El senador kirchnerista Alejandro Dichiara le sugirió entonces a Meoni que “renuncie si no está a la altura de las circunstancias, pero no vengan a llorar acá”.
El áspero debate fue cerrado por la titular del FpV Cristina Fioramonti quien indicó que más allá de los dichos de Dichiara el oficialismo “repudia no solamente los asesinatos en Junín, sino también los hechos vandálicos”. Los proyectos, en tanto, fueron aprobados por todos los senadores presentes.
